El “Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad” ha sido aprobado y está en vigor.
Los artículos 22 y 23 se han metido con calzador en este RD para facilitar la implantación de macroproyectos de renovables en nuestros montes y tierras agrícolas, eliminando la necesidad de evaluación ambiental, aspecto al que la mayoría de las plataformas sociales de los territorios recurríamos en nuestras alegaciones.
León Ruge ya ha presentado el escrito y hacemos un llamamiento a la ciudadanía a hacerlo también, todo disponible pinchando en la imagen inferior.
Estos artículos son una condena para los territorios afectados y para el patrimonio ambiental y cultural de todas, ya que se van a aprobar cientos de proyectos MACROrenovables de más de 50MW SIN EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Es por ello que nos sumamos a la iniciativa de pedir al Defensor del Pueblo que presente un recursos de inconstitucionalidad como única alternativa para seguir luchando para que nuestros territorios no sean zonas de sacrificio arrasadas y sin futuro.